Una sociedad offshore es una empresa cuya característica principal es que está registrada en un país en el que no realizan ningún a actividad económica. Los tiempos de la propiedad que posee compañías offshore han terminado.

La Audiencia Provincial de Mallorca ha enviado a un abogado a la cárcel durante casi 4 años y le ha concedido una multa de 600K € por establecer un "plan de ingeniería fiscal para instrumentalizar procedimientos de defraudación y blanqueo de dinero " en la venta de una propiedad en Puerto Pollensa (Mallorca). En una auditoria de cuentas, se descubrió que había establecido la estructura para, entre otros objetivos, evitar (o más bien evadir) pagar el impuesto a las ganancias de capital (al 35%) sobre el precio real (en oposición al declarado oficialmente) al vender la propiedad de su cliente.

Según el fiscal y el juez en el fallo examinado, el bufete de abogados investigado ofreció indiscriminadamente compañías offshore, a través del sitio web offshore.biz (en el que se mencionaron incluso dos notarios de Mallorca), a sus clientes con la intención de:
• Minimizando el impuesto casi hasta el punto de la exención.
• Ofreciendo 100% de protección a los activos.
• Ofreciendo el 100% de anonimato.

El mensaje que esta sentencia judicial ha enviado es muy claro: el uso de compañías extranjeras para mantener propiedades españolas no le da derecho al beneficiario a evitar legalmente el pago de impuestos en España, ya sea que venda las acciones, y junto a ella, la propiedad. Esto se aplica también al comprador de la estructura, que no está exento de pagar impuestos de transferencia.

En este caso, la oficina de impuestos, asistida por la policía, encontró suficiente evidencia del crimen cuando el tribunal les autorizó realizar la auditoria de cuentas, en donde encontraron no solo información crucial sobre la transacción (particularmente las escrituras de transferencia de acciones). y las escrituras de renuncia del director y el nombramiento del nuevo director, ambos hechos el día en que la propiedad cambió de manos, recibos de transferencia bancaria, etc.) pero también un contrato de compra privado por 875,000 euros para la propiedad en cuestión, cuando el precio se pagó oficialmente pagado fue de € 425,000.
Los mecanismos, según la Oficina de Impuestos, son los siguientes:

1. Incorporación de offshore de holdings inmobiliarios (offshore).
2. Incorporación de empresas españolas propiedad de la empresa offshore anterior, para gestionar propiedades españolas.
3. Designación de directores diferentes de los propietarios finales, ya sean los mismos abogados que crearon la estructura o, como en el caso de estudio, alguien pagado para hacer el trabajo (y que también ha sido condenado a un período de cárcel, aunque suspendido).
4. Utilización de la cuenta de clientes de la firma de abogados para recibir y remitir transferencias, con la intención de a) ocultar la verdadera naturaleza de las transacciones detrás de las transferencias y b) evitar el cumplimiento de las disposiciones contra el lavado de dinero (lo que hace más difícil conocer la realidad naturaleza del trato).
Como resultado de la acción judicial antedicha, el abogado, el beneficiario final y el director fueron condenados a penas de prisión , aunque solo el abogado tendrá que cumplir el plazo, ya que el beneficiario pagó los impuestos adeudados antes de la audiencia (€ 135,000) así como las multas, y el director fue encontrado culpable solo de conspiración para defraudar.
Es aconsejable que cualquier persona dispuesta a vender una propiedad de una serie de empresas optara por no vender las acciones en el extranjero, porque no solo todo lo anterior podría ser fácilmente aplicable, sino también quienquiera que las comprara estaría comprando en un problema.

Puede ser interesante ver cómo esto se vincula con esta nueva tendencia de incorporar empresas basadas en la UE para evitar el impuesto a la herencia español, especialmente en el Reino Unido, pero dejará el estudio de esta dudosa propuesta para una publicación separada.